¡No se guardó nada! Luis Guillermo Solís lanza fuertes dardos contra el Gobierno en marcha universitaria

El expresidente Luis Guillermo Solís Rivera aprovechó la marcha contra los recortes a las universidades públicas para lanzar fuertes críticas al Gobierno y advertir sobre lo que considera un riesgo para la democracia costarricense.

Las declaraciones fueron brindadas a La Nación durante la movilización de este martes 20 de octubre, convocada por estudiantes, sindicatos y organizaciones sociales.

El exmandatario defendió el papel histórico de la educación pública y cuestionó las acciones que, según afirmó, buscan debilitarla.

“Frente a las fuerzas hostiles que tratan de destruir la educación pública y convertirla en un instrumento más de un modelo autoritario, acrítico y anticientífico”, manifestó Solís al referirse a la necesidad de proteger el sistema educativo estatal, en declaraciones obtenidas por La Nación.

El exgobernante también instó a la ciudadanía a no dejarse engañar por lo que describió como mentiras y desinformación de una Administración que, a su criterio, ha profundizado la polarización social.

Además, acusó al Gobierno de mantener ataques contra las universidades públicas, la educación y el Poder Judicial. Sobre este último, sostuvo que el oficialismo pretende someterlo a sus intereses políticos.

Solís cerró su mensaje con un llamado a rechazar las autocracias y defender la democracia y la construcción de una Costa Rica más justa.

La negociación del FEES durante el gobierno de Solís

La participación del expresidente en la protesta se produce en medio de un debate que también involucra decisiones adoptadas durante su propia administración: desde 2015, el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) comenzó a negociarse anualmente, en lugar de mediante acuerdos quinquenales como se hacía anteriormente.

El último acuerdo de cinco años correspondió al periodo 2011-2015. Desde entonces, las negociaciones entre el Gobierno y las universidades estatales se han desarrollado cada año.

Fernando Rodríguez, quien fue viceministro de Hacienda durante la administración de Solís, explicó anteriormente que el cambio respondió al contexto económico de ese momento, marcado por la crisis financiera mundial, el deterioro de las finanzas públicas y la ausencia de reformas fiscales durante los gobiernos de Laura Chinchilla y Solís.

Por su parte, Alberto Salom, exrector de la Universidad Nacional (UNA), afirmó que las universidades públicas nunca estuvieron de acuerdo con negociar el financiamiento cada año y que incluso acudieron a la Sala Constitucional.

“Ellos (gobierno de Solís y de Alvarado) no querían comprometerse a una negociación quinquenal cuando la situación económica del país estaba en déficit”, señaló Salom.

¿Qué establece la Constitución sobre el financiamiento universitario?

El artículo 85 de la Constitución Política contempla un fondo especial para financiar a las universidades públicas y establece que sus recursos no pueden disminuirse sin que, simultáneamente, se creen otras fuentes de mejora que los sustituyan.

La disposición también establece que el plan nacional de educación superior debe abarcar periodos de cinco años.

Estas normas forman parte del debate sobre la periodicidad de las negociaciones del FEES y la protección del financiamiento de las universidades estatales.

Marcha rechaza recorte de ₡8.048 millones

La movilización de este martes se realizó después de que la Comisión de Asuntos Hacendarios aprobara una moción impulsada por el oficialismo para reducir en ₡8.048 millones los recursos del FEES incluidos en el Presupuesto Nacional de 2027.

La propuesta plantea trasladar ese dinero al Ministerio de Educación Pública para cubrir la contribución patronal a la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema).

La decisión intensificó el rechazo de sectores universitarios, estudiantiles y sindicales, que advierten sobre las posibles consecuencias de los recortes para la educación superior pública y el funcionamiento de las sedes regionales.

La marcha reunió a distintos sectores sociales que buscan frenar las reducciones presupuestarias y defender los recursos destinados a los servicios públicos.