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Lunes 19 de octubre de 2026

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Gobierno destruye más de 9 mil armas de fuego que estaban en desuso, obsoletas o en mal estado

También se destruyeron armas que fueron incautadas al crimen organizado.

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Gobierno destruye más de 9 mil armas de fuego que estaban en desuso, obsoletas o en mal estado
Gobierno destruye más de 9 mil armas de fuego que estaban en desuso, obsoletas o en mal estado. Fotografía: AM Prensa.

El Gobierno destruyó este lunes 9.372 armas de fuego en el Arsenal Nacional de la Dirección General de Armamento, como parte de un proceso para liberar espacio y renovar el armamento de los cuerpos policiales.

Del total reportado, 9.322 armas pertenecían al Estado y se encontraban en desuso, en malas condiciones u obsoletas. Además, se destruyeron 53 armas decomisadas que ya contaban con la resolución correspondiente.

Esta fue la primera destrucción de armas realizada durante la administración de Laura Fernández Delgado. Las autoridades prevén efectuar nuevos procesos similares durante el resto de la gestión.

La presidenta participó en la actividad junto con el ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos; los viceministros Nelson Barquero, Gerardo Castaing y Carolina Castro; y directores policiales.

La destrucción forma parte de las acciones para actualizar el arsenal utilizado por los cuerpos policiales, de acuerdo con sus necesidades operativas.

La Dirección General de Armamento también indicó que este tipo de procesos contribuye al control de los inventarios de las empresas de seguridad privada.

Según la institución, esas empresas pueden mantener un inventario equivalente al 1% del arsenal estatal, conforme con los límites establecidos por ley. El control busca conservar una relación adecuada entre las armas del Estado y las autorizadas para el sector privado.

Más de 12.600 armas esperan autorización para su destrucción

La bodega de evidencias judiciales mantiene 12.694 armas pendientes de las respectivas actas de destrucción.

De esa cantidad, 11.084 corresponden a armas cortas y 1.610 a armas largas.

Para avanzar con esos procedimientos, las autoridades consideran necesario agilizar la coordinación con fiscalías y juzgados, con el fin de completar los trámites legales requeridos.

Una vez cumplidos esos requisitos, el armamento podrá ser destruido y dejará de ocupar espacio en las bodegas judiciales.

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