Diputados de Pueblo Soberano avalan congelar ₡30.000 millones del Poder Judicial pese a alertas por seguridad

Los diputados del Partido Pueblo Soberano (PPSO) avalaron mantener congelados casi ₡30.000 millones destinados al Poder Judicial, pese a las advertencias de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) sobre las consecuencias que tendría la medida para la administración de justicia y la seguridad del país.

La decisión se tomó en la Comisión de Asuntos Hacendarios, donde los legisladores analizan 137 mociones de reforma al presupuesto ordinario de 2027.

Los congresistas oficialistas rechazaron una enmienda que buscaba eliminar la norma presupuestaria que mantiene bloqueados ₡29.844 millones distribuidos en 313 líneas de gasto del Poder Judicial.

Votaron en contra de la moción Nogui Acosta, Grethel Ávila, Gerald Bogantes, Cindy Murillo, Kattia Ulate y Daniel Siézar.

En cambio, respaldaron la propuesta las liberacionistas Ángela Aguilar, Diana Murillo y Salvador Padilla, junto con Antonio Trejos y María Eugenia Román, del Frente Amplio.

Recortes podrían afectar al OIJ, la Fiscalía y los tribunales

Los recursos congelados contemplan partidas para equipamiento tecnológico, licencias, infraestructura y otros gastos operativos necesarios para el funcionamiento del Poder Judicial.

Según las advertencias planteadas por las autoridades judiciales, la falta de estos fondos podría afectar la emisión de sentencias, la realización de audiencias virtuales, la tramitación de expedientes y la notificación de resoluciones.

Entre las principales consecuencias señaladas figuran:

* Alquileres: fondos insuficientes para cubrir los pagos correspondientes.

* Zona Sur: riesgo de quedarse sin morgue judicial, edificio para tribunales ni celdas judiciales.

* Sistema penal: reducción de cerca de 2.500 plazas.

* Defensa Pública: reducción de 230 puestos.

* Área administrativa: cerca de 300 puestos menos.

* Atención a víctimas: la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito perdería 115 plazas.

Además, los jerarcas judiciales advirtieron que el bloqueo presupuestario podría provocar el cierre de sedes regionales, lo que afectaría el acceso de la ciudadanía a los servicios de justicia.

Hacienda tendría la última palabra sobre los fondos

La norma presupuestaria establece que la entrega de los recursos quedaría sujeta a lo que determine la Comisión de Control del Ingreso y Gasto Públicos, después de analizar la eficiencia del Poder Judicial. Ese órgano también cuenta con representación de diputados oficialistas.

Posteriormente, la comisión deberá trasladar el asunto al Plenario Legislativo. Si los diputados aprueban la solicitud para liberar los recursos, esta se remitirá al Ministerio de Hacienda, que tendrá la última palabra sobre su desembolso.

Este procedimiento genera preocupación entre los legisladores que rechazan el bloqueo, pues advierten que la liberación de los fondos podría tardar y dificultar su utilización oportuna.

Diputados cuestionan la medida y hablan de inconstitucionalidad

Ángela Aguilar, diputada del Partido Liberación Nacional (PLN) y proponente de las mociones para eliminar el bloqueo, sostuvo que las disposiciones planteadas por Hacienda serían inconstitucionales, debido a que permitirían a la Asamblea Legislativa intervenir en la administración de los recursos de otro poder de la República.

La legisladora también advirtió que, incluso si el Congreso aprobara liberar el dinero, el desembolso podría concretarse hasta después del segundo semestre del próximo año, con consecuencias para la ejecución del presupuesto.

María Eugenia Román, subjefa de fracción del Frente Amplio, cuestionó que la Comisión de Control del Ingreso y Gasto Públicos intervenga en decisiones presupuestarias del Poder Judicial y calificó el mecanismo como atípico e inconstitucional.

Por su parte, Diana Murillo, del PLN, afirmó que la norma responde al conflicto entre el Gobierno y el Poder Judicial. A su criterio, se trata de un mecanismo de coadministración que podría afectar la atención de la seguridad y la justicia.

Salvador Padilla, también liberacionista, calificó la disposición de Hacienda como una “vendetta política” y una “guerra sin sentido” del Gobierno contra el Poder Judicial, que, según manifestó, se intenta justificar mediante un discurso de administración de recursos.

Estas declaraciones corresponden a las posiciones expresadas por los legisladores que se oponen al bloqueo presupuestario.

Presupuesto deberá llegar al Plenario antes del 20 de octubre

La discusión continúa en la Comisión de Asuntos Hacendarios, donde los diputados deben resolver las mociones pendientes del presupuesto ordinario de 2027.

Una vez votadas todas las enmiendas, el foro legislativo deberá dictaminar el proyecto para que pueda votarse y trasladarse al Plenario Legislativo a más tardar el 20 de octubre.

Mientras avanza el trámite, se mantiene la discusión sobre el impacto que tendría el congelamiento de los recursos en el funcionamiento de los tribunales, las investigaciones criminales y los servicios que presta el Poder Judicial en las distintas regiones del país.