ASOSEJUD acude a la Sala Constitucional y denuncia obstáculos judiciales para defender a sus directivos

La Asociación Solidarista de Servidores Judiciales (ASOSEJUD) llevó su lucha legal hasta la Sala Constitucional, tras denunciar una serie de irregularidades que, según sostiene, están afectando directamente el derecho de defensa de sus directivos y del gerente general, Mauricio Villalta Fallas.

La organización presentó un recurso de amparo contra el Juzgado Penal del Primer Circuito Judicial de San José, al considerar que existen obstáculos para acceder a la totalidad del expediente utilizado para ordenar la separación temporal de sus autoridades.

La situación fue descubierta el viernes 16 de octubre, cuando el abogado Sebastián Casas Zúñiga revisó el expediente judicial con el propósito de preparar la apelación de las medidas cautelares dictadas un día antes.

Durante esa revisión, la defensa advirtió que varios escritos presentados previamente no aparecían incorporados al expediente y que algunas de sus piezas carecían de la foliatura correspondiente.

Para ASOSEJUD, la situación resulta especialmente preocupante porque los documentos ausentes contienen argumentos relacionados directamente con las decisiones judiciales que afectan a sus representantes.

La asociación sostiene que estas deficiencias impiden comprobar si los planteamientos de la defensa fueron conocidos y valorados por el juzgado antes de resolver las medidas cautelares.

Un año fuera de sus cargos y dificultades para apelar

La resolución judicial establece la separación de los integrantes de los órganos de administración, fiscalización y gerencia general por un periodo de un año.

Además, contempla restricciones para realizar actos de administración, representación, fiscalización y disposición patrimonial en nombre de la organización.

Sin embargo, mientras sus autoridades enfrentan estas medidas, ASOSEJUD denuncia que sus abogados ni siquiera han podido obtener una copia completa del expediente para preparar adecuadamente los recursos correspondientes.

Según la representación legal, desde el despacho judicial se indicó que todavía existían documentos pendientes de incorporar y que el expediente completo podría entregarse hasta el martes 20 de octubre.

El problema, de acuerdo con la asociación, es que el plazo para presentar la apelación vence el miércoles 21 de octubre.

Esto dejaría a sus abogados apenas un día para revisar todas las actuaciones judiciales, estudiar los documentos y completar la impugnación.

Para ASOSEJUD, esta situación compromete seriamente las garantías procesales de las personas afectadas.

Asociación exige respeto al derecho de defensa

Ante este panorama, la organización recurrió a la Sala Constitucional para solicitar una intervención que garantice el acceso completo y oportuno a la documentación judicial.

La defensa pide que se verifique la integridad del expediente y que se determine si todos los escritos presentados fueron efectivamente recibidos, incorporados y tramitados.

También solicita que se garantice la posibilidad de consultar y reproducir todas las piezas necesarias para ejercer adecuadamente el derecho de defensa.

En caso de comprobarse que documentos relevantes no fueron incorporados o conocidos por el órgano judicial que adoptó las medidas, se pide que las autoridades competentes corrijan las deficiencias procesales.

La asociación aclara que el recurso de amparo no pretende sustituir la apelación de las medidas cautelares, sino garantizar las condiciones necesarias para que sus representantes puedan ejercer ese derecho.

ASOSEJUD mantiene su posición de defensa de sus autoridades y exige que cualquier actuación judicial se desarrolle con pleno respeto al debido proceso, la transparencia y las garantías establecidas por el ordenamiento jurídico.

Para la organización, un proceso de esta trascendencia, que afecta directamente a sus órganos de dirección y administración, exige el máximo rigor en el manejo del expediente y en el respeto a los derechos de las personas investigadas.

Ahora, la asociación busca que la Sala Constitucional atienda su reclamo y garantice que sus representantes puedan defenderse con acceso a toda la información judicial correspondiente.