La Inspección Judicial abrió un procedimiento disciplinario luego de que este martes fueran detenidos tres funcionarios del Circuito Judicial de Pococí.
El Poder Judicial confirmó este martes por la noche que la Inspección Judicial abrió un procedimiento disciplinario a raíz de los hechos que trascendieron durante la jornada y que involucraron a funcionarios del Circuito Judicial de Pococí.
El expediente corresponde al procedimiento disciplinario número 26-747-2101-DI, abierto luego de la detención de personas funcionarias de ese circuito como parte de una investigación por presuntos vínculos con la organización criminal liderada por Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”.
Durante este martes fueron detenidos los jueces Ricardo Valverde y Olivier Ramírez, así como una funcionaria del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), de apellido Rojas.
De acuerdo con el director a.i. del OIJ, Vladimir Muñoz, la investigación analiza si los funcionarios habrían facilitado beneficios a integrantes de la estructura criminal mediante actuaciones relacionadas con sus cargos.
Los jueces son investigados por presuntos delitos como procuración de impunidad, prevaricato y falsedad ideológica, entre otros. En el caso de la agente del OIJ, las autoridades también investigan posibles delitos de peculado de uso, falsedad ideológica e incumplimiento de funciones.
La investigación además llevó este martes a la detención de Hellen Arias Monge, hermana de Alejandro Arias. Según explicó Muñoz, ella habría funcionado como un supuesto enlace entre su hermano y los funcionarios judiciales para obtener beneficios en procesos penales.
El director a.i. del OIJ indicó que algunas de las actuaciones que ahora se investigan estarían relacionadas con resoluciones judiciales que presuntamente otorgaron medidas favorables a personas vinculadas con la organización.
Con la apertura del procedimiento disciplinario, la Inspección Judicial inicia su propio proceso para determinar si existieron eventuales faltas dentro del ámbito administrativo y disciplinario por parte de funcionarios del Poder Judicial.
Este procedimiento es independiente de la investigación penal que llevan adelante el Ministerio Público y el OIJ, por lo que serán las autoridades correspondientes las encargadas de determinar eventuales responsabilidades en cada vía.
El caso permanece en desarrollo y los funcionarios detenidos mantienen su condición de sospechosos mientras avanzan las investigaciones.
