San José – Desde el 2002, Costa Rica ha registrado un total de 9197  personas con VIH, de las cuales 7478 son hombres y 1719 son mujeres, según  datos de la Dirección de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud.

En el mundo, Naciones Unidas reporta para ese mismo periodo un total de 36,7 millones de personas que vivían con el VIH.

Es por ello que la Defensoría de los Habitantes reiteró la necesidad de dotar al país de una nueva legislación que posibilite una respuesta integral, eficiente y oportuna al VIH/SIDA.

El ente hizo un llamado a los Diputados a aprobar el proyecto de ley No. 19 243, “Reforma integral a la Ley General VIH”,  que fue dictaminado afirmativo de forma unánime en la Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos; y actualmente ocupa el lugar 57 en el orden del día del plenario.

Este proyecto de Ley incluye, entre otras cosas:

-Lo relativo a la promoción y protección de los derechos laborales de las personas que viven con VIH.

– El fortalecimiento del  Consejo Nacional del Sida (CONASIDA) como ente rector en la materia, apoyando las políticas públicas y los programas de acción relacionados con el VIH y el Sida en el ámbito nacional.

– Mejoramiento de las estrategias de promoción y prevención en VIH en el sistema de salud y en el sistema de educación.

-Fortalecimiento de los servicios de atención integral en salud libres de estigma y discriminación.

“Si bien es cierto que tanto el Estado como las organizaciones de la sociedad civil –con el apoyo de los organismos internacionales- han desarrollado una gran labor y se ha avanzado bastante, la realidad ha demostrado que es necesaria la actualización de la ley para buscar mayor efectividad en su aplicación”, manifestó la Defensora de los Habitantes, Montserrat Solano Carboni.

La entidad, que formó parte del soporte técnico solicitado por la Comisión Especial de Derechos Humanos que redactó este proyecto,  hace un llamado a los Diputados a aprobar esta iniciativa de Ley para que Costa Rica cuente con las herramientas necesarias para hacer frente a los retos sociales y de derechos humanos del VIH/SIDA en nuestro país.