Carlos Humberto Cascante Segura
Observatorio de Política Internacional
UNA-UCR
Las elecciones celebradas el domingo 26 de noviembre y los desafortunados eventos de los días siguientes constituyen un paso más en un recorrido de destino incierto. Una historia marcada por la existencia de dos partidos mayoritarios: el Nacional y Liberal, dio paso a un sistema multipartista, con cuatro partidos con capacidad de movilización política en la elección de 2017: el Partido Nacional en el poder, un debilitado partido Liberal, el Partido Libre (de Manuel Zelaya y su esposa Xiomara Castro) y el Partido Anti-Corrupción (de Salvador Nasralla). La división partidista fue el resultado del golpe del 2009 y la falta de legitimidad de las elites políticas hondureñas.
Para las elecciones de 2017, Juan Orlando Hernández consiguió en 2015, mediante una resolución del Tribunal Constitucional, habilitar la reelección presidencial. Este hecho, que fue el detonante del golpe de estado de 2009, ha terminado por resquebrajar aún más si cabe a la sociedad hondureña y crispar los ánimos en el proceso electoral. Por otra parte, Zelaya, Castro y Nasralla llegaron a un acuerdo, mediante el cual conformaron una alianza opositora, en la que Nasralla asumió la candidatura presidencial. En este sentido, Nasralla asumió el papel de “out-sider” tan atractivo para sociedades llevadas al hartazgo por los grupos políticos tradicionales.
La campaña estuvo marcada por las acusaciones de posible fraude electoral, presentes también la elección de 2013. Asimismo, la incapacidad y debilidad institucional del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para iniciar una rápida reproducción de los datos, dio el espacio para que Nasralla y Hernández se autoproclamaran ganadores y enardecieran los ánimos de sus seguidores.
Nuevamente, la incapacidad del TSE para brindar datos de forma constante y el corte de información que fue seguido de un cambio brusco de los resultados iniciales han provocado que la Alianza Opositora denuncie la existencia de un fraude electoral. Esto ha motivado piquetes de sus partidarios en las principales ciudades del país y el establecimiento de un toque de queda en el país. La versión de fraude no ha sido aún apoyada por los observadores electorales de la OEA y la Unión Europea, quienes han llamado al conteo completo de las actas, dado lo cerrado de la elección.
Ante la deslegitimación del TSE, hay pocas garantías de que el resultado sea aceptado por el candidato que resulte perdedor. La alianza opositora ha demostrado contar con la capacidad de movilización necesaria para llevar a que el TSE ordenara un mecanismo especial de conteo de las más de mil actas restantes. Sin embargo, Nasralla ha señalado que esto no es suficiente y Zelaya ha puesto sobre la mesa un pliego de peticiones, el cumplimiento de estas implicaría un recuento especial de 5179 actas y el recuento en departamentos que tuvieron nivel de abstencionismo inferior al promedio nacional, lo cual atrasará aún más el resultado definitivo. Mientras se espera la respuesta del TSE, una gran parte de los hondureños se preparan para lo peor.
