Redacción-  La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia dio curso al recurso de amparo con número de expediente 17-013915-0007-CO y estableció un plazo de máximo 3 días para que el director ejecutivo del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) entregue una copia certificada del expediente correspondiente al Decreto N. 40548, Reglamento a la Ley de Conservación de Vida Silvestre (LCVS).

Este fue solicitado desde el 18 de agosto y a la fecha no ha sido recibida. El plazo de 3 días venció el viernes anterior, sin embargo, la entrega del expediente no se ha realizado.

Esta acción es parte de las iniciativas que llevan adelante una coalición de organizaciones civiles y empresariales del sector turístico que han levantado la voz para manifestar su preocupación por la falta de transparencia y participación en un reglamento que tendrá una afectación importante en la conservación de la vida silvestre y por ende de la actividad turística en el país.

La semana anterior representantes de más de 40 organizaciones civiles y empresariales entregaron a Patricia Madrigal, Viceministra de Ambiente, un documento con los aspectos que consideran deben aclararse o cambiarse, razón por la que se solicitó la suspensión del reglamento.

“La actividad turística en Costa Rica es un motor de desarrollo económico, social y ambiental para las comunidades rurales. La conservación ex situ como las exhibiciones, zoológicos y colecciones juegan un papel fundamental para el éxito de la conservación y por ende para la actividad turística, por lo que resulta de gran preocupación para el sector turístico las implicaciones la reciente publicación del nuevo reglamento”, manifestó Robel Alvarado, vocero de los empresarios.

Algunas de las organizaciones que conforman esta coalición son la Cámara Nacional de Turismo, la Asociación de Operadores de Aventura, la Asociación Arenal Cámara de Turismo y Comercio, la Cámara de Turismo de Guanacaste, la Cámara de Turismo y Comercio de la Zona Norte y la Asociación de Sitios de Manejo de Vida Silvestre.

La Viceministra de Ambiente ofreció un plazo de tres semanas para dar una respuesta a la solicitud de los empresarios sin embargo no han dado acceso al expediente.